Petición pública al Fiscal General de la Nación, Fundación Carlos Pizarro.
Bogotá, D.C., 26 de abril de 2013
Señor,
Eduardo Montealegre Lynett
Fiscal General de la Nación
Referencia:
Preocupación frente a los pocos avances en la investigación sobre el asesinato de Carlos Pizarro Leongómez y solicitud para la adjudicación exclusiva de los procesos declarados Crímenes de Lesa Humanidad a un Fiscal y equipo de investigadores del CTI.
Respetado Señor,
Me gustaría en el día de hoy estar escribiendo una carta de felicitación y gratitud al sistema judicial colombiano en la cual manifestara mi satisfacción y orgullo por haber nacido en un país que hubiera podido desarrollar después de 23 años, un sistema judicial que respaldara a sus ciudadanos y cumpliera a cabalidad lo consagrado en su Constitución Nacional. Sin embargo, 23 años después del asesinato de mi padre Carlos Pizarro Leongómez, me dirijo a usted como víctima por la ausencia de justicia y la indiferencia del Estado colombiano para descubrir la verdad de lo ocurrido en este magnicidio, que hasta el día de hoy se encuentra estancado y en completa impunidad.
Aunque el crimen por el asesinato de mi padre haya sido declarado como Crimen de Lesa Humanidad el 26 de abril de 2010 y por consiguiente sea imprescriptible, declaración que suponía un cambio de actitud acerca de la forma como se había llevado el caso durante veinte años. Resulta desconcertante que a la fecha, tres años después, el proceso apenas si ha tenido avances. En gran parte porque el Fiscal Delegado para el caso atiende solo, cerca de 50 procesos adicionales, además de no contar con un equipo de investigación suficiente y permanente por lo que los progresos reales sobre el esclarecimiento del crimen son nulos, lo cual evidencia una falta de voluntad judicial y política. La continuación de este escenario de lentitud me preocupa porque pone en peligro la acción de la justicia con relación a las responsabilidades del DAS y el Estado colombiano en el asesinato de mi padre tanto por acción como por omisión, siendo estos retrasos sumamente graves por el hecho de que cada día que pasa se vuelve más difícil la preservación y consecución de pruebas, la búsqueda de responsables y el esclarecimiento de lo sucedido, circunstancias que alimentan cada vez más la absoluta impunidad reinante desde hace 23 años de haber sido perpetrado este crimen contra la paz y la democracia de nuestro país.
Momentos después del asesinato de mi padre, el Presidente de la época, Virgilio Barco Vargas, declaró públicamente que se realizaría una exhaustiva investigación a través de la creación un equipo exclusivo de jueces e investigadores para el caso, acción que hasta el día de hoy no se ha llevado a cabo. Es más, desde sus inicios se desvió la investigación para esconder la responsabilidad de grupos paramilitares en complicidad con el DAS y la fuerza pública en la comisión del crimen; no se han seguido con rigurosidad los procedimientos de investigación, se han perdido innumerables pruebas, testigos claves han muerto por causas naturales o han sido asesinados al igual que personas con responsabilidad en el caso.
Por esto hoy 23 años después, le solicito con insistencia, delegue un fiscal que atienda exclusivamente los crímenes declarados de lesa humanidad, que pueda trabajar con un equipo de asistentes o Fiscales de apoyo, así como de investigadores suficiente y permanente con el fin de obtener resultados en un plazo razonable en el caso y a su vez le permita el análisis conjunto de patrones de acción, pruebas y personas que están involucradas en crímenes de la misma índole, sobre todo el asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa cuyo modo de perpetración y responsables están estrechamente vinculados con el asesinato de mi padre Carlos Pizarro Leongómez.
Por todo lo anterior le solicito públicamente a usted señor Fiscal General de la Nación, más que respuestas formales a esta petición, acciones concretas desde su competencia como la reseñada en este escrito para que no deba esperar otros 23 años en procura del derecho que me asiste a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, pero también reclamando el derecho que asiste a la sociedad colombiana de conocer su pasado y saber la verdad de lo ocurrido en estos crímenes de violencia política sistemática realizados con la complicidad de agentes estatales que coartaron expresiones legítimas y democráticas de un nuevo modelo de país basado en la paz con justicia social.
Respetuosamente,
María José Pizarro Rodríguez
Se adhiere
H.I.J.O.S. Colombia
Fundación Carlos Pizarro
